El Real Decreto, que entró en vigor ayer, triplica la información que las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos deben enviar a los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Exige a los prestadores de estos servicios garantizar la veracidad y exactitud de los datos con multas de hasta 30.000 euros en caso de no llevar adecuadamente los registros documentales.
Algunos aspectos de la norma generan dudas jurídicas para el sector, ya que contravendrían algunas normativas estatales y europeas.
El Clúster Turismo de Galicia mantuvo ayer una reunión con diferentes asociaciones de la actividad de alojamiento que mostraron su rechazo y profundo desacuerdo con el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, que entró en vigor ayer y que establece las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Una norma que triplica los datos que deben solicitar a los clientes, que obliga a llevar un registro informático y que exige a los prestadores del servicio garantizar la veracidad de los datos, además de solicitar determinada información que puede contravenir otras normas estatales y europeas.
Ler máis