La entidad engloba a más de 700 empresas y a más de 10.000 vecinos de ocho asociaciones de diferente carácter que se ha unido en Compostela

Representantes vecinales, hosteleros, inmobiliarias y de estudiantes Erasmus, entre otros, han constituido la nueva Plataforma por la Regulación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia que agrupa a más de 700 empresas y 10 mil vecinos con el objetivo de poner freno a ll¡ass viviendas de alojamiento turístico ilegales y paliar las consecuencias que tiene tanto en el ámbito social como económico. La Asociación Hostelería Compostela, Apartugali, la Asociación Galega de Inmobiliarias, la Unión Hotelera Compostela, Raigame, Barrio Xardín, Erasmus.gal y Compostela Trip Rental presentaron ayer el manifiesto fundacional de esta Plataforma, que nace con vocación de observatorio del cumplimiento de la legalidad y como instrumento “facilitador” de que las denuncias de las irregularidades lleguen a la autoridad competente en la materia.

Carlos Debasa, presidente de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalín) denunció que los cálculos indican que hay más de un 80 % de plazas sin legalizar en toda Galicia que se ofertan en portales on-line, y que no ofrecen las garantías que ampara la legislación para asegurar los derechos de los consumidores y los ciudadanos.

Las consecuencias de esta situación, subrayó, “son patentes y conocidas”: caída de la oferta de vivienda en alquiler, precios inasumibles para los vecinos, despoblación de las zonas de mayor demanda turística, tendencia a una oferta de negocios centrada en esta actividad o desplazamiento progresivo de la población, enumeró Debasa.

En el caso de Santiago de Compostela, esta situación se agrava por el propio modelo de ciudad, que tiene el componente añadido de una gran comunidad universitaria, mucha de ella extranjera. En este sentido, la plataforma se refirió a los problemas que tienen los estudiantes y, en particular, los Erasmus que realizan su formación en la ciudad, puesto que se ven obligados a quedar al margen de la “vida social” y dificulta su integración. Los objetivos de la nueva plataforma se dirigen, específicamente, en hacer frente a los casos de irregularidades y ofrecer su colaboración a las administraciones públicas para asegurar el cumplimiento de la ley y paliar las consecuencias de esta alegalidad, canalizando las denuncias hacia el Instituto Galego de Consumo, pero siempre desde “un papel constructivo” para formular y proponer alternativas y realizar aportaciones a nuevas normativas. De hecho, quieren ser uno de los actores en la mesa constituida por la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago de cara a la elaboración de la regulación y normativa municipal en esta materia.

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